Lo dicho por la CANAPAT no deja espacio a dudas: los transportistas querían más. Las cuentas les daban para pedir una tarifa de 22 pesos. Pero el Gobierno del Estado de México les marcó el límite.
Y ahí radica lo relevante de esta historia: el ajuste no solo se negoció en números, sino en principios.
El mensaje del Ejecutivo fue claro —aunque nadie lo dijera de frente—: no se puede cargar la recuperación del sector sobre los hombros de la gente. El incremento autorizado es un punto medio, un respiro para las empresas y un alivio para los usuarios.
Odilón López Nava jugó el papel de mediador: habló con diplomacia, agradeció la apertura, pero dejó entrever que el sacrificio económico corre por cuenta del gremio. No es poco decirlo en un contexto de inflación, costos altos y competencia irregular.
El ajuste, en realidad, mide la distancia entre el deber del Estado y el deseo del mercado. Esa es la lectura política detrás de los números: se decidió con responsabilidad, no con complacencia.
